Su empresa puede cumplir con todo y aún así enfrentar cargos penales ambientales.

Patricia Moreno
25 may
5 min de lectura

Cumplir no es lo mismo que demostrar. Una empresa puede tener sus permisos vigentes, sus reportes ante SEMARNAT al día, sus concesiones de agua sin observaciones — y aun así enfrentar una investigación penal corporativa por una conducta que su propio equipo operativo consideraba rutinaria. La Fiscalía no evalúa si cumplió. Evalúa si puede probar que cumplió, con evidencia trazable, en el momento en que la autoridad decide que algo no cuadra. Esa distinción es el nuevo campo de riesgo que la mayoría de los Consejos de Administración en México todavía no ha procesado.

El marco penal ambiental que ya existe y que muy pocos conocen

El Código Penal Federal tipifica delitos ambientales en sus artículos 414 al 423. No es una reforma que viene, es un marco vigente que incluye conductas como la emisión de contaminantes que dañen la salud pública, el depósito de residuos peligrosos sin autorización, el daño a ecosistemas, y la realización de actividades consideradas riesgosas sin las autorizaciones correspondientes. Lo que ocurre en la práctica es que la gran mayoría de los asuntos ambientales corporativos se resuelven en la vía administrativa — inspección, observación, multa, corrección. Pero ese canal administrativo y el canal penal no son excluyentes.

El artículo 169 de la LGEEPA vigente establece explícitamente que cuando la autoridad constate actos u omisiones que pudieran configurar uno o más delitos, hará del conocimiento del Ministerio Público los hechos. La escalada de administrativo a penal no requiere una nueva ley. Requiere que la autoridad decida activarla; y la nueva LGEEPA que se encuentra actualmente en proceso legislativo refuerza exactamente esa posibilidad.

Lo que cambia con la nueva LGEEPA: el "debido control organizacional"

La iniciativa de nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente introduce un concepto que transformará la forma en que se evalúa la responsabilidad corporativa ambiental en México: el debido control organizacional preventivo. El artículo 304 de la iniciativa establece que cuando una persona moral sea declarada responsable de daño ambiental, la garantía de no repetición implicará la implementación del debido control organizacional para la prevención de infracciones y daños ambientales; pero el artículo 306 va más lejos: las personas morales serán administrativamente responsables no solo por sus propias omisiones, sino por las infracciones de sus representantes, administradores, gerentes, directores y empleados que actúen en el ejercicio de sus funciones o bajo el amparo de la empresa — incluyendo a quienes ordenen o consientan la realización de conductas dañosas. Traducido al lenguaje operativo: si su Director de Operaciones toma una decisión que genera un daño ambiental, la empresa responde. Si su personal autorizado actúa de manera incorrecta durante una visita de inspección, la empresa responde. Si nadie en la organización tiene claridad sobre qué hacer cuando llega PROFEPA, CONAGUA o ASEA, la empresa responde. La ausencia de controles internos no es una circunstancia neutral. En el nuevo marco, es evidencia de negligencia estructural.

Las tres situaciones que más exponen a su empresa hoy

1. Personal operativo sin protocolo jurídico para visitas de verificación:La iniciativa de nueva LGEEPA distingue con precisión entre actos de verificación, inspección, vigilancia e investigación — cada uno con procedimientos y consecuencias distintas. El personal que recibe a un inspector de PROFEPA, CONAGUA o ASEA sin saber exactamente a cuál de esos supuestos se enfrenta, qué documentos debe mostrar, qué puede decir y a quién debe llamar en los primeros minutos, está exponiendo a la empresa a consecuencias que van más allá de la multa administrativa.

2. Autorizaciones vigentes con condicionantes incumplidas: Una Manifestación de Impacto Ambiental autorizada contiene condicionantes específicas — monitoreos, medidas de mitigación, reportes técnicos — cuyo incumplimiento sistemático puede interpretarse como dolo por omisión. Una MIA con condicionantes no auditadas internamente en los últimos 24 meses no es un trámite archivado. Es un pasivo regulatorio activo.

3. Cumplimiento real sin trazabilidad documental: La nueva LGEEPA introduce mecanismos que incentivan el cumplimiento voluntario y espontáneo — incluyendo modificación o conmutación de multas para quien acredite el cumplimiento de requisitos específicos. Pero acceder a esos beneficios requiere demostrar el cumplimiento con evidencia. Las empresas que cumplen en los hechos pero no tienen la documentación trazable quedan excluidas de esos beneficios y expuestas como si no hubieran cumplido.

#El Registro de Infractores Ambientales: una consecuencia que pocas empresas anticipanLa iniciativa establece un Registro de Infractores Ambientales a cargo de la Procuraduría. Las empresas inscritas en ese registro enfrentan limitaciones que van más allá de la sanción económica — incluyendo restricciones para acceder a nuevas autorizaciones, contratos públicos y reconocimientos ambientales. Una resolución sancionatoria firme no termina con el pago de la multa. Termina cuando la empresa sale del registro — y eso requiere acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la resolución, incluyendo la reparación del daño ambiental cuando proceda.

Lo que su empresa necesita construir antes de que llegue la reforma

Primero: una auditoría de la matriz de riesgo regulatorio ambiental — qué autorizaciones, concesiones y condicionantes están vigentes, cuáles vencen en los próximos 12 meses y cuáles nunca fueron auditadas internamente.

Segundo: un protocolo jurídico documentado para visitas de verificación e inspección de PROFEPA, CONAGUA y ASEA — con roles definidos, cadena de notificación interna y criterios claros sobre qué información se proporciona y en qué momento.

Tercero: un sistema de trazabilidad documental del cumplimiento — no solo cumplir, sino construir el expediente que demuestra que se cumplió, con fechas, firmas, registros y evidencia técnica.

Cuarto: una estructura de gobernanza ambiental corporativa con reporte formal al Consejo de Administración — porque la nueva LGEEPA establece que la alta dirección no puede alegar desconocimiento si no existían mecanismos de información y supervisión.

Las empresas que construyen esa estructura antes de recibir una inspección adversa tienen un activo jurídico que ninguna sanción puede desactivar. Las que la construyen después pagan tres veces: el costo de la sanción, el costo de la corrección, y el costo de demostrar retroactivamente una diligencia que no ejercieron a tiempo.En GEA Legal no gestionamos el riesgo ambiental después de que se materializa. Lo desactivamos desde su origen jurídico, antes de que PROFEPA, CONAGUA o ASEA lleguen a la puerta.

Solicite una revisión técnica antes de comprometer capital.

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