La Nueva Procuraduría Ambiental: Lo Que la Iniciativa Dice (y lo Que omite)

La iniciativa de nueva LGEEPA crea una autoridad con facultades que la procuración ambiental mexicana no ha tenido antes. Esto es lo que dice el texto, artículo por artículo, sobre cómo va a operar.

México está por crear una autoridad ambiental distinta a la que conocemos. La iniciativa de nueva LGEEPA, publicada el 14 de mayo de 2026, sustituye a PROFEPA por la Procuraduría Federal de Justicia Ambiental — y le da un conjunto de facultades que cambia, en términos prácticos, qué tan expuesta está una empresa cuando algo sale mal. Esto es lo que el texto establece, con cita de cada artículo, y lo que significa operativamente.

Demolición como medida de seguridad

El Artículo 292, fracción VIII, faculta a la autoridad para ejecutar, sola o en coordinación con protección civil y seguridad pública de los tres niveles de gobierno, la remoción o demolición de infraestructura que cause daño ambiental — como medida de seguridad, ante un riesgo activo, antes de que exista resolución firme sobre el caso.

Esto se suma al catálogo de medidas de seguridad que la autoridad ya puede aplicar (clausura, aseguramiento de bienes), pero con un nivel de intervención distinto: la remoción física de la obra. Una empresa con infraestructura en zonas donde el riesgo ambiental es fácil de alegar — costeras, hídricas, forestales — enfrenta ahora una variable que antes no estaba en el catálogo de medidas inmediatas que la autoridad puede tomar mientras el procedimiento sigue su curso.

Aparte de esto, el Artículo 305, fracción VIII, contempla también la demolición como sanción administrativa — impuesta al final de un procedimiento, cuando no se realizó la compensación ambiental correspondiente. Dos momentos distintos de aplicación, la misma consecuencia física para el activo.

Una autoridad con posición procesal reforzada

El Artículo 331 establece que la autoridad de procuración ambiental tendrá calidad de ofendida, representará a la víctima colectiva, y coadyuvará con el Ministerio Público en la acusación de delitos contra el ambiente. Esa combinación de calidades —ofendida y coadyuvante a la vez— le da a la autoridad una posición procesal más activa que la que tiene hoy: puede sostener su participación en el proceso penal con un peso institucional propio, no solo de apoyo técnico al Ministerio Público.

Cualquier persona puede denunciar directamente ante el Ministerio Público por delitos ambientales (mismo Artículo 331), y cuando hay una persona jurídica involucrada, el procedimiento sigue los Artículos 422 y 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para una empresa, esto significa que un caso ambiental con componente penal tiene ahora dos actores institucionales empujando en la misma dirección — la Fiscalía y la autoridad ambiental — en lugar de uno solo con apoyo secundario del otro.

El costo de equivocarse, en números

El Artículo 305, fracción I, fija las multas entre 80 y 7,500,000 Unidades de Medida y Actualización. Al valor de la UMA en 2026, el techo equivale a aproximadamente 879.8 millones de pesos. El mismo artículo conserva el arresto administrativo hasta por 36 horas, y permite duplicar el monto de la multa en caso de reincidencia.

Esa es la variable que cualquier consejo de administración debería tener en su matriz de riesgo actualizada — no como cifra aislada, sino como techo real de exposición económica por incumplimiento ambiental grave.

El registro que sigue a la empresa durante una década

El Artículo 314 establece que la inscripción en el Registro de Infractores Ambientales dura entre 7 y 10 años, con posibilidad de reducirse a la mitad si se cumplen las medidas correctivas impuestas. El Artículo 313 enumera quince conductas que activan esa inscripción: desde tala sin autorización, hasta obras sin evaluación de impacto ambiental en sectores hidráulico, eléctrico, minero, forestal e inmobiliario costero, hasta manejo indebido de residuos peligrosos.

Quien queda inscrito no puede obtener permisos, autorizaciones ni concesiones ambientales en ningún sitio durante ese periodo (Artículo 313, párrafo final), ni acceder a subsidios fiscales o apoyos públicos de ningún nivel de gobierno (Artículo 315). Esta es la facultad con el impacto comercial más directo de todo el paquete: un nombre en ese registro es visible para cualquier inversionista, banco o contraparte que haga due diligence antes de cerrar una operación, durante casi una década.

Una nueva forma de evaluar proyectos estratégicos

La iniciativa introduce la Evaluación Ambiental Estratégica como instrumento aplicable a planes, programas o proyectos de infraestructura nacional de interés público. El Artículo 28 establece que el dictamen favorable de esta evaluación es equivalente a la autorización de impacto ambiental, para las etapas que hayan sido debidamente evaluadas dentro de ese dictamen.

Esto desplaza el punto de entrada regulatorio para proyectos de gran escala: en vez de evaluar cada obra individual desde cero, la evaluación ocurre a nivel del plan o programa que las contiene. Las modificaciones mayores, obras no evaluadas, o actividades adicionales que no quedaron cubiertas por ese dictamen, siguen requiriendo evaluación de impacto ambiental tradicional, estudio de riesgo o informe preventivo, según corresponda (mismo Artículo 28).

Vale la pena anotar un dato operativo: hasta hoy, esta figura no forma parte del catálogo de instrumentos de política ambiental vigente en México. Hay dos intentos legislativos anteriores que no llegaron a aprobarse, y el único antecedente con operación real está acotado al sector hidrocarburos, a cargo de ASEA. Eso significa que la autoridad construirá, junto con la entrada en vigor de esta ley, tanto el marco operativo de esta evaluación como su primera generación de dictámenes.

Una figura con lógica similar ya opera hoy a menor escala: el Artículo 52 permite que instalaciones dentro de un parque industrial ya autorizado cumplan su obligación ambiental con un informe preventivo, en lugar de una evaluación de impacto completa — siempre que su actividad esté alineada con lo que ya fue evaluado para el parque. Si la excede, la Secretaría puede exigir entonces la evaluación completa.

Una vía más amplia para reportar daño ambiental

El Artículo 265 introduce la figura del reporte ciudadano: cualquier persona física o moral, o colectividad, puede presentarlo por cualquier medio oficial, sin los requisitos formales que sí exige una denuncia (identificación de la persona infractora, ofrecimiento de pruebas — Artículo 268). Esta vía coexiste con la denuncia formal y amplía, en la práctica, el número de actores que pueden poner en conocimiento de la autoridad un hecho dañino al ambiente sin necesidad de acreditar interés jurídico específico.

Para una empresa, esto significa una probabilidad mayor de que cualquier persona en la zona de operación — no solo quien tenga interés jurídico directo — pueda activar una investigación con un trámite simplificado.

Confidencialidad bajo solicitud, no por derecho

El Artículo 56 permite que quien promueve un proyecto solicite que el expediente de su evaluación de impacto ambiental no se publique, cuando exista riesgo a derechos de propiedad industrial o información comercial confidencial. La autoridad es quien resuelve si procede esa solicitud, con base en los principios y normativa ambiental aplicable — no es una reserva que opere de forma automática.

Lo que esto significa para una empresa con operaciones en México

El conjunto de estas facultades cambia el cálculo de riesgo en cuatro frentes simultáneos: el activo físico puede ser objeto de remoción antes de que exista resolución firme; el componente penal de un caso ambiental tiene ahora una autoridad con posición procesal más activa; el techo económico de una sanción supera los 879 millones de pesos; y un nombre en el Registro de Infractores cierra el acceso a permisos y apoyos públicos durante hasta una década.

Próximos pasos concretos:

1. Revisar si alguna operación, predio o autorización vigente encuadra en las quince conductas del Artículo 313.

2. Calcular la exposición económica real bajo el nuevo catálogo de sanciones, al valor actual de la UMA.

3. Si su empresa participa en infraestructura nacional, confirmar si el proyecto está cubierto por una Evaluación Ambiental Estratégica con dictamen favorable, y qué actividades quedan fuera de esa cobertura.

4. Si opera dentro de un parque industrial, verificar si su actividad está dentro de lo ya autorizado para el parque o requiere informe preventivo adicional.

5. Dar seguimiento al proceso legislativo: la iniciativa aún no ha sido presentada ante el Congreso.

   
   
   
   

   GEA es una firma especializada en derecho ambiental, inteligencia de riesgo regulatorio y compliance para empresas, fondos de infraestructura e inversores institucionales que operan en México. Nuestro método de análisis parte siempre del texto normativo directo, no de su cobertura mediática. Si su organización necesita evaluar su exposición ante el nuevo régimen de procuración ambiental, contáctenos. 📧 contacto@gea.legal

   
   

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Patricia Moreno | Socia Fundadora, GEA | Abogada Ambiental | 15 años de práctica regulatoria multijurisdiccional.

GEA – Arquitectura Legal para la Sostenibilidad

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