Inteligencia Ambiental

El acuerdo de regularización de concesiones de agua publicado por CONAGUA en julio de 2026 cambió el mecanismo de fondo respecto al decreto de octubre de 2025: ahora exige medidor instalado y ajustará el volumen concesionado al uso real verificado de los últimos dos años. GEA explica por qué este trámite no le conviene a todos los titulares por igual, y qué deben evaluar antes de solicitarlo quienes usaron más agua de la que su título autorizaba.

El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 reconoce un rezago de 150 mil trámites de agua y busca recuperar 3,000 millones de metros cúbicos para 2030. La reforma de diciembre 2025 prohibió la transmisión de concesiones entre particulares y tipificó delitos hídricos con penas de prisión. El concepto de "empresa responsable hídrica" ya circula entre despachos internacionales que atienden grandes corporativos — la empresa mediana en México todavía no sabe que esto ya le aplica a e

La iniciativa de nueva LGEEPA crea una autoridad ambiental con facultades de demolición preventiva, posición procesal reforzada en casos penales y un registro público de infractores. Esto es lo que cambia para cualquier empresa con activos en México.

En diciembre de 2025, México aprobó la Ley General de Aguas. El agua dejó de ser un permiso administrativo y se convirtió en un riesgo de continuidad operativa con responsabilidad penal. Para manufactura, minería, agroindustria y energía, las reglas cambiaron — y la mayoría de los consejos de administración todavía no lo saben.

Los delitos ambientales son hoy la tercera actividad delictiva más lucrativa del mundo. En México, esa criminalidad opera dentro de territorios concesionados, cadenas de suministro y zonas de influencia de proyectos de inversión activos. Lo que antes era un problema de imagen es hoy un pasivo real que ningún proceso de due diligence convencional está capturando correctamente.