El acuerdo de regularización de concesiones de agua publicado por CONAGUA en julio de 2026 cambió el mecanismo de fondo respecto al decreto de octubre de 2025: ahora exige medidor instalado y ajustará el volumen concesionado al uso real verificado de los últimos dos años. GEA explica por qué este trámite no le conviene a todos los titulares por igual, y qué deben evaluar antes de solicitarlo quienes usaron más agua de la que su título autorizaba.

Con la revisión anual del T-MEC activada y la próxima ronda de negociación bilateral el 20 de julio, nadie está discutiendo el pasivo ambiental que se queda en México cuando una empresa reduce operaciones o se va. GEA expone por qué la garantía ambiental diseñada para cubrir ese riesgo rara vez se exhibe, por qué los criterios que definen actividad de alto riesgo no se actualizan desde 1990 y 1992, y quién queda expuesto — la autoridad, el comprador de los activos, o el direc

El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 reconoce un rezago de 150 mil trámites de agua y busca recuperar 3,000 millones de metros cúbicos para 2030. La reforma de diciembre 2025 prohibió la transmisión de concesiones entre particulares y tipificó delitos hídricos con penas de prisión. El concepto de "empresa responsable hídrica" ya circula entre despachos internacionales que atienden grandes corporativos — la empresa mediana en México todavía no sabe que esto ya le aplica a e

La iniciativa de nueva LGEEPA crea una autoridad ambiental con facultades de demolición preventiva, posición procesal reforzada en casos penales y un registro público de infractores. Esto es lo que cambia para cualquier empresa con activos en México.

Siete cambios regulatorios de junio 2026 que su empresa debe conocer: agua, residuos peligrosos, emisiones en gasolineras, trámites forestales y eficiencia energética. Lectura de 2 minutos.

En seis meses, CONAFOR subió los costos de compensación ambiental forestal hasta 500% y luego revirtió la medida por completo. Mientras desarrolladores y autoridad discutían el precio, nadie puso sobre la mesa la pregunta que importa: después de 21 años de este mecanismo, ¿existe un solo reporte público de cuántas hectáreas autorizadas para cambio de uso fueron efectivamente restauradas?

En diciembre de 2025, México aprobó la Ley General de Aguas. El agua dejó de ser un permiso administrativo y se convirtió en un riesgo de continuidad operativa con responsabilidad penal. Para manufactura, minería, agroindustria y energía, las reglas cambiaron — y la mayoría de los consejos de administración todavía no lo saben.

Los delitos ambientales son hoy la tercera actividad delictiva más lucrativa del mundo. En México, esa criminalidad opera dentro de territorios concesionados, cadenas de suministro y zonas de influencia de proyectos de inversión activos. Lo que antes era un problema de imagen es hoy un pasivo real que ningún proceso de due diligence convencional está capturando correctamente.