En diciembre de 2025, México aprobó la Ley General de Aguas. El agua dejó de ser un permiso administrativo y se convirtió en un riesgo de continuidad operativa con responsabilidad penal. Para manufactura, minería, agroindustria y energía, las reglas cambiaron — y la mayoría de los consejos de administración todavía no lo saben.

Los delitos ambientales son hoy la tercera actividad delictiva más lucrativa del mundo. En México, esa criminalidad opera dentro de territorios concesionados, cadenas de suministro y zonas de influencia de proyectos de inversión activos. Lo que antes era un problema de imagen es hoy un pasivo real que ningún proceso de due diligence convencional está capturando correctamente.