CONAFOR vuelve a los Costos de 2023 en Compensación Forestal: Que Cambia, Que No Cambia, y Que Nunca se ha Medido

En diciembre de 2025, CONAFOR subió hasta 500% los costos de compensación ambiental forestal. En junio de 2026, los revirtió por completo. Dos modificaciones en seis meses al mismo instrumento — y ninguna de las dos vino acompañada de una evaluación pública de si ese instrumento, después de dos décadas, efectivamente restaura algo.

El 26 de diciembre de 2025, CONAFOR publicó nuevos costos de referencia para la compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales. El incremento fue severo: hasta 445% en ecosistemas áridos, 248% en templados, 259% en humedales. Despachos especializados documentaron de inmediato el riesgo para la viabilidad financiera de proyectos de infraestructura, energía, vivienda social y desarrollo inmobiliario.

El 22 de junio de 2026 — seis meses después — CONAFOR dio reversa total. Restableció los costos vigentes desde marzo de 2023. Los precios bajaron en la misma proporción en que habían subido.Dos modificaciones normativas al mismo instrumento en menos de seis meses. Ninguna vino acompañada de algo que debería ser obligatorio en cualquier ajuste de este tipo: una evaluación pública de si el instrumento que se modifica efectivamente cumple su función.---

### Lo que cambia, lo que no cambia, y lo que nunca se ha medido

Lo que cambia es el monto — documentado con precisión por distintos despachos, con un vaivén de entre 240% y 450% según el ecosistema.

Lo que no cambia es la estructura. La compensación ambiental por cambio de uso de suelo forestal existe en México desde 2005: quien remueve cobertura forestal debe depositar recursos en el Fondo Forestal Mexicano para restaurar una superficie equivalente, preferentemente en la misma cuenca. Esa lógica no se tocó en ninguna de las dos reformas.

Lo que nunca se ha medido es si ese depósito se traduce en restauración verificada. Revisando la normativa vigente y los portales oficiales de CONAFOR, no existe un reporte público y sistemático que muestre, proyecto por proyecto, cuántas hectáreas autorizadas para cambio de uso de suelo fueron efectivamente restauradas, con qué éxito y bajo qué verificación técnica.---

### El dato que pone esto en perspectiva

México perdió 4.77 millones de hectáreas de cobertura forestal entre 2001 y 2023 — más que el territorio completo de Bélgica. El mecanismo de compensación ha estado vigente, en alguna versión, durante prácticamente toda esa ventana.Esto no significa que la compensación cause la deforestación: las causas documentadas son ganadería extensiva, agricultura comercial y expansión urbana, autorizada o no. Pero si el instrumento diseñado para compensar el daño autorizado no tiene métricas públicas de éxito, la pregunta legítima es si ese dinero efectivamente revierte pérdida forestal en algún punto del país, o se ha convertido en un costo de transacción que las empresas pagan sin que nadie verifique el resultado.

Casos documentados en 2025 en la Península de Yucatán muestran pérdida de cobertura forestal por agroindustria, mega granjas y desarrollos inmobiliarios — presumiblemente, algunos de esos cambios de uso de suelo pasaron por el mismo mecanismo que acaba de subir y bajar de precio sin que el debate lo cuestionara.--

### Lo que correspondería exigir

El argumento de los desarrolladores fue válido en su término: un incremento de hasta 500% sin gradualidad pone en riesgo proyectos legítimos, incluyendo vivienda social. Pero ese argumento dejó fuera la otra mitad de la ecuación: si el costo —el de 2023 o el de 2025— no está vinculado a verificación pública de que la restauración ocurre, la discusión sobre el monto correcto es, en el mejor caso, una discusión sobre el precio de un instrumento cuya efectividad nadie ha demostrado.

Lo que correspondería exigir —y ni el sector regulado ni los grupos ambientalistas lo plantearon con fuerza durante estos seis meses— es trazabilidad pública: un registro que muestre, por proyecto, el monto depositado, la superficie restaurada y su estado verificado en campo. Eso no encarece ni abarata el instrumento, sino que lo hace honesto, y lo acerca a su propósito constitucional de garantizar un medio ambiente sano. Para el desarrollador serio, esa trazabilidad es ventaja competitiva: permite demostrar ante inversionistas y comunidades que su proyecto compensó el daño con evidencia, no solo con un comprobante de depósito. Para el fondo con criterios ESG, es información material: un activo compensado sin verificación pública carga un riesgo que ningún reporte de sostenibilidad actual captura. Y para el ecosistema, es la diferencia entre que el mecanismo cumpla su función o siga siendo, como ha sido durante dos décadas, un costo administrativo desconectado de su objetivo.---

### Lo que esto significa en la práctica

Si su proyecto requiere autorización de cambio de uso de suelo forestal, el vaivén de los últimos seis meses confirma algo que debe estar en su matriz de riesgo: estos costos pueden cambiar de forma abrupta y con efecto inmediato en la viabilidad financiera del proyecto. Eso exige monitoreo activo del Diario Oficial durante todo el proceso de autorización, y documentación propia del cumplimiento que vaya más allá del mínimo legal — porque donde la autoridad no verifica resultados, la empresa que sí los documenta se protege ante PROFEPA, auditorías de inversionistas o litigio comunitario.---

GEA es una firma especializada en derecho ambiental, inteligencia de riesgo regulatorio y compliance para empresas, fondos de infraestructura e inversores institucionales que operan en México. Acompañamos procesos de autorización de cambio de uso de suelo forestal, diseño de estrategias de compensación ambiental defendibles y due diligence de activos con pasivos forestales

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